El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó que la transferencia de densidades al libre arbitrio en Puerto Cancún, no es posible, por lo que pidió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que revisen el cumplimiento de condicionantes y de las autorizaciones de impacto ambiental y cambios de uso de suelo en terrenos forestales otorgados al proyecto. La coordinadora de Biodiversidad del Cemda en Quintana Roo, Alejandra Serrano, manifestó que el intercambio o transferencia de densidades o usos del suelo, de predio a predio y, a juicio del desarrollador, no puede efectuarse, pues tampoco es potestad del ayuntamiento de Benito Juárez, ya que la empresa está obligada a acatar lo que le fue aprobado mediante la autorización de impacto ambiental, emitida por la Semarnat.
“Eso no se puede hacer, para algo se determinan las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs), los usos, destinos y vocaciones del uso del suelo. Profepa tendría que verificarlo porque incluso la Semarnat ha negado autorizaciones a proyectos que pretenden transferir densidades.
“Si de eso se tratara, de mover densidades al contentillo, pues daría lo mismo y se les autorizarían 500 cuartos y ahí que los distribuyan como mejor les guste, pero definitivamente eso no lo pueden hacer”, dijo. El tema surgió luego de que el director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Gustavo Ortega, declarase que “los cambios de densidad no fueron para incrementar la carga del proyecto, sino que se modificaron de una zona a otra dentro del mismo proyecto, no es que le hayamos metido de más”.
Sobre ello, la abogada subrayó que el Fonatur tampoco puede “colgarse la estrella” asegurando que todo está bien, pues no es la dependencia con facultades para resolverlo, pues ello es competencia de la Semarnat.
“A Fonatur no le toca resolver si el desarrollo ha cumplido o no con lo establecido en sus autorizaciones; eso lo tiene que ver Semarnat y Profepa”, sostuvo.
El Plan Maestro de Puerto Cancún establece la construcción de 11 mil 400 cuartos -entre habitaciones de hotel, residencias y condominios de lujo-, un campo de golf -que está en proceso-, una marina, una plaza de negocios y un centro comercial, en un terreno de 327 hectáreas costeras, con una ubicación ya determinada y autorizada, luego de que la evaluación de la Semarnat que, independientemente, habrá de evaluar los proyectos que ahí se erijan en lo individual. Otro punto que sembró inquietudes durante el recorrido que el lunes pasado, realizaron regidores de la comisión que da seguimiento al tema, fue el enterarse de que los términos que impuso a los inversionistas la administración de la entonces alcaldesa, Magaly Achach (1999-2002), quien condicionó la emisión de licencias de construcción a cambio de mejorar la imagen de Puerto Juárez y de instalar pozos de absorción que evitasen las inundaciones en la zona, ya no existen. Ortega Joaquín mencionó que el grupo Puerto Cancún informó a los concejales que, durante el gobierno de Juan Ignacio García Zalvidea (2002-2005), los desarrolladores pagaron 1.7 millones de pesos en efectivo, para deslindarse de esas obligaciones.
(Fuente: El Periódico)
“Eso no se puede hacer, para algo se determinan las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs), los usos, destinos y vocaciones del uso del suelo. Profepa tendría que verificarlo porque incluso la Semarnat ha negado autorizaciones a proyectos que pretenden transferir densidades.
“Si de eso se tratara, de mover densidades al contentillo, pues daría lo mismo y se les autorizarían 500 cuartos y ahí que los distribuyan como mejor les guste, pero definitivamente eso no lo pueden hacer”, dijo. El tema surgió luego de que el director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Gustavo Ortega, declarase que “los cambios de densidad no fueron para incrementar la carga del proyecto, sino que se modificaron de una zona a otra dentro del mismo proyecto, no es que le hayamos metido de más”.
Sobre ello, la abogada subrayó que el Fonatur tampoco puede “colgarse la estrella” asegurando que todo está bien, pues no es la dependencia con facultades para resolverlo, pues ello es competencia de la Semarnat.
“A Fonatur no le toca resolver si el desarrollo ha cumplido o no con lo establecido en sus autorizaciones; eso lo tiene que ver Semarnat y Profepa”, sostuvo.
El Plan Maestro de Puerto Cancún establece la construcción de 11 mil 400 cuartos -entre habitaciones de hotel, residencias y condominios de lujo-, un campo de golf -que está en proceso-, una marina, una plaza de negocios y un centro comercial, en un terreno de 327 hectáreas costeras, con una ubicación ya determinada y autorizada, luego de que la evaluación de la Semarnat que, independientemente, habrá de evaluar los proyectos que ahí se erijan en lo individual. Otro punto que sembró inquietudes durante el recorrido que el lunes pasado, realizaron regidores de la comisión que da seguimiento al tema, fue el enterarse de que los términos que impuso a los inversionistas la administración de la entonces alcaldesa, Magaly Achach (1999-2002), quien condicionó la emisión de licencias de construcción a cambio de mejorar la imagen de Puerto Juárez y de instalar pozos de absorción que evitasen las inundaciones en la zona, ya no existen. Ortega Joaquín mencionó que el grupo Puerto Cancún informó a los concejales que, durante el gobierno de Juan Ignacio García Zalvidea (2002-2005), los desarrolladores pagaron 1.7 millones de pesos en efectivo, para deslindarse de esas obligaciones.
(Fuente: El Periódico)
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